A comiezos de octubre de 2017, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia secuestró a seis personas en Penza, les incriminó con armas plantados en sus autos y utilizó la tortura para obligarlas a firmar confesiones forzadas admitiendo ser miembros de una “red terrorista” inventada. Los arrestados fueron golpeados, colgados cabeza abajo y electrocutados. A finales de enero de 2018, otros dos antifascistas fueron arrestados en San Petersburgo y sometidos al mismo trato. En respuesta a las acciones de solidaridad en Moscú y Chelyabinsk, varios activistas fueron arrestados, torturados con descargas eléctricas y acusados penalmente. Estas detenciones forman parte de una campaña de represión más amplia que precede a las elecciones presidenciales de 2018 y el Mundial.
Durante años, las agencias policiales de todo el mundo han intentado fabricar conspiraciones para enmarcar a los anarquistas como participantes en redes terroristas nacionales o globales. Todos estos intentos han sido pésimos fracasos. Ahora, los servicios de seguridad rusos han introducido una innovación con la esperanza de que esta vez la estrategia tenga éxito. Si este enfoque funciona, otros servicios policiales del mundo comenzarán a utilizar las mismas tácticas.